La nueva ley autonómica contempla la "violencia económica" como la "privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas". Este hecho permitirá a las mujeres víctimas de esta situación acceder a las mismas prestaciones y ayudas establecidas para las mujeres que sufren violencia de género.

La falta de pago de la pensión a las mujeres con menores a su cargo se recoge en el anteproyecto de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres como una forma de "violencia económica", equiparable a la violencia física o psicológica. Además, las mujeres que no perciban la pensión podrán acceder a estas ayudas presentando un informe social que acredite que padecen una situación de violencia de género, mientras que hasta ahora debían presentar una denuncia y esperar a la sentencia.

Según el anteproyecto tambien se  realizarán estudios económicos para conocer el valor social que tiene el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus domicilios, así como la atención a otras personas que hacen en el mismo. También se incorporará en las pruebas de selección un temario con contenido en igualdad  y se incrementará de tres a cuatro semanas el permiso por paternidad de todos los trabajadores de las administraciones.

La consellera indicó que se trata de una ley "bastante completa que no pretende ser una declaración de intenciones sino que establece toda una normativa", la cual incluye, además, un capítulo de sanciones e infracciones que penalizarán aquellas acciones que no cumplan con esta ley. Así, por ejemplo, una infracción grave podrá llevar aparejada una sanción de entre 30.000 y 90.000 euros.